Maximiliano Pullaro, Juan Cruz Cándido y Gabriel Chumpitaz dieron a conocer los alcances de un proyecto de ley que obligue al gobierno a endurecer las condiciones de detenidos de alto perfil
Ante las evidentes y cada vez más notorias fallas en
los controles a detenidos que siguen cometiendo delitos dentro de las cárceles
los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido, junto a
varios legisladores de la UCR y el PRO presentaron una iniciativa de ley que
establece normas de trato básicas aplicables a los reclusos de alto perfil.
“Queremos darle fuerza de ley a una modalidad que
comenzamos a implementar en la gestión de Maxi Pullaro luego que fueron siendo
detenidos los jefes de las grandes bandas criminales, y que no fue continuada
por este gobierno como hubiera sido necesario”, sostuvo Cándido explicando
las razones de la propuesta. El ex ministro y ahora presidente del bloque
radical, Maximiliano Pullaro, entiende que “la cuestión penitenciaria es una de
las grandes fallas de este gobierno: no tienen ni plan ni conducción para las
cárceles y eso se nota en la gran cantidad de delitos altamente lesivos,
balaceras, extorsiones que están orquestados desde adentro de las cárceles, por
eso tenemos que poner todas las herramientas a nuestro alcance para que el
Estado recupere el control penitenciario y de los presos de alto perfil”.
“Podemos volver a contener la crisis de violencia y
retomar la curva descendiente de los delitos, pero eso implica tomar el
toro por las astas y ponerse encima de los problemas, no para comentarlos sino
para trabajar 24x7 para resolverlos”, concluyó Pullaro.
Por su parte, Gabriel Chumpitaz expresó: “Este
proyecto viene a ordenar jurídica y legalmente a una situación que tiene que
estar abordada o solucionada por un gobierno provincial que ha demostrado no
solo impericia en términos de seguridad. No
entendemos la primera decisión que tomó el gobierno de Perotti de arrancar el
Servicio Penitenciario de la órbita del Ministerio de Seguridad y lo trasladó
al de gobierno, que además estuvo varios meses sin ministro”. Y añadió:
“Hablando en términos técnicos y profesionales rompieron la línea de
inteligencia criminal que debe existir entre el control de calle policial y el
control penitenciario. Esa actitud extraña del gobierno de Omar Perotti,
desencadena en los hechos que hoy estamos viviendo con el agravante que, el
resto de los ejes de seguridad también se encuentran colapsados como la
Justicia y la policía. Además, agregó un dato preocupante más. En un semestre
de 2022 los homicidios van a alcanzar la misma cifra de todo 2019 junto”.
El proyecto, que lleva también la firma de la
diputada provincial Ximena Sola, tiene como antecedente el régimen adoptado
durante la gestión de Pullaro en el gobierno de Miguel Lifschitz. Plantea un
régimen especial de detención para aquellas personas que tengan participación o
contacto relevante con organizaciones criminales complejas y/o ligadas al
narcotráfico, haya indicios sobre su participación directa o indirecta en
atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos;
tengan antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial
o penitenciaria, participación en motín o tumulto, o cuenten con recursos
humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro
tipo que les permitan realizar las acciones mencionadas.
Pullaro y Cándido, quienes un momento antes
mantuvieron una reunión con el diputado nacional Federico Angelini para
coordinar un proyecto similar a nivel federal desde el Congreso nacional,
proponen que para ese tipo de detenidos haya condiciones más estrictas de
detención y mayores restricciones. Para esto deberán ser alojados en
celdas individuales, patio individual con enrejado o mallado completo;
inhibición de señal celular, de internet y de radiofrecuencia y personal de
custodia debidamente seleccionado y entrenado.
La norma que promueven los legisladores también
dispone las condiciones en las que debe trabajar el personal penitenciario que
tenga a cargo a estos detenidos de alto perfil y reglas para la visita, tanto
regulares como en los casos donde el detenido es sancionado por infringir
normas de conducta, donde se limitan aún más este tipo de encuentros. También
se propone la modalidad en la que se deberán hacer los traslados en los casos
en que se autoricen.
El expediente parlamentario, que ingresó semanas
atrás a la Cámara de Diputados y Diputadas -y comenzará esta semana su
tratamiento en comisiones- autoriza al Poder Ejecutivo a construir dos
establecimientos especializados en reclusos de alto perfil y a actualizar y
revisar los convenios con el Estado Nacional para los presos federales.
https://www.lacapital.com.ar/politica/el-gobierno-es-debil-controlar-lo-que-pasa-las-carceles-