María Valoy
ITUZAINGÓ, CORRIENTES: TRES PERSONAS CONDENADAS, UN JUICIO ORAL PENDIENTE Y UNA HISTORIA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL QUE SE REMONTA A 2009.
¿Estamos frente a hechos aislados o solamente ante la punta del iceberg?
Las recientes condenas de dos mujeres, madres de las víctimas, a diez años de prisión cada una por delitos vinculados a la corrupción de menores vuelven a poner en evidencia la gravedad de los hechos investigados en Ituzaingó, Corrientes.
Pero para comprender lo que está sucediendo hoy, es necesario mirar mucho más atrás.
En noviembre de 2024, Sixto Omar Fernández, conocido como «Yacaré», fue condenado a veinte años de prisión por delitos sexuales contra tres víctimas. La sentencia documenta hechos que comenzaron en 2009, cuando una de las víctimas tenía apenas 14 años, y otros hechos que involucraron a dos niñas durante 2023 y 2024.
La investigación también incorporó la imputación de Víctor Adrián Maidana, expareja de la primera víctima denunciante, a quien la Fiscalía atribuyó haber facilitado y organizado su explotación sexual durante 2014. Se espera próximamente la realización de su juicio oral.
Hoy, con las nuevas condenas de las dos mujeres de apellido Acuña, se incorpora otra dimensión de esta investigación: la participación de adultos del entorno familiar en mecanismos de explotación y corrupción de menores.
La sucesión de estos hechos judiciales obliga a plantear interrogantes que no pueden quedar sin respuesta:
- ¿Cuántas personas participaron o facilitaron estas situaciones?
- ¿Existieron otros intermediarios o adultos que se beneficiaron?
- ¿Cuántas niñas pudieron haber sido víctimas y todavía no fueron identificadas?
- ¿Se investigaron todas las posibles conexiones entre los hechos?
No podemos afirmar que todas estas personas integraron una misma organización criminal sin que exista una investigación que lo determine. Pero sí podemos sostener que los antecedentes judiciales justifican profundizar todas las líneas investigativas.
UN ACOMPAÑAMIENTO QUE COMENZÓ CON UNA SOBREVIVIENTE
Mi participación en este proceso comenzó acompañando a una sobreviviente de explotación sexual, desde mi rol como directora de Fundación A Salvo y activista en la lucha contra la trata de personas.
A lo largo de este recorrido fui acompañando su búsqueda de justicia y tomando conocimiento de la magnitud de los hechos y de otras situaciones de vulneración de derechos que fueron apareciendo durante las investigaciones.
Lo que comenzó como el acompañamiento a una mujer terminó permitiendo dimensionar una problemática mucho más amplia, que involucra a niñas, adolescentes y diferentes adultos cuyas responsabilidades deben ser investigadas.
Desde Fundación A Salvo consideramos que no alcanza con condenar a quienes ya fueron identificados. Es imprescindible investigar todas las posibles ramificaciones, identificar a otras víctimas y garantizar protección, justicia y reparación.
La explotación sexual infantil no puede sostenerse sin mecanismos de captación, facilitación o aprovechamiento de la vulnerabilidad. Es necesario investigar cada uno de esos mecanismos y a todas las personas que pudieron intervenir.
Las niñas no pueden seguir siendo invisibles.
La sociedad necesita respuestas. Las víctimas necesitan justicia.
¿Y si todo lo que hoy conocemos fuera solamente la punta del iceberg?
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Lic. María Valoy
Directora de Fundación A Salvo
Activista en la lucha contra la trata de personas.
