En el Concejo Municipal se llevó a cabo el encuentro informativo sobre los derechos de los usuarios de servicios públicos que reunió a referentes y autoridades vinculadas a la temática.

La jornada se desarrolló en el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Rosario, con el objetivo de visualizar la preocupación frente a los cambios en las condiciones de Zona Fría, su impacto en la ciudad de Rosario y la incidencia que la eventual eliminación del beneficio tendrá en las boletas de gas y en la economía de los hogares rosarinos.

María Fernanda Gigliani

El encuentro comenzó con la intervención de su impulsora, la concejala María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) quien ante un auditorio diverso manifestó “Esta jornada está motivada ante la intención del gobierno nacional de eliminar la denominada Zona Fría, eso impactaría de lleno en muchísimos hogares y comedores comunitarios rosarinos que utilizan garrafa para cocinar. En Rosario además no hay mapa definido de donde la ciudadanía puede adquirir esas garrafas con descuento, la idea de este encuentro es brindarle a la ciudadanía información y herramientas frente a estas decisiones que afectan de forma directa su economía”.

Las implicancias económicas y sociales de la quita del descuento por Zona fría en la boleta de gas son: Cambia el cálculo, el descuento se hace sobre una parte del consumo (con un tope) es decir sobre la parte más barata de la boleta, dejando fuera del subsidio la distribución y transporte. En Rosario 390.000 usuarios perderían el beneficio del 30% y 50% del descuento que se aplica por el régimen. De este universo el 76 % son usuarios residenciales. Zona Fría es un beneficio para quienes residen en zonas que por cuestiones de salud, climáticas y producción necesitan del insumo de gas. Los usuarios no inscriptos, en el nuevo esquema de subsidios, quedarán sin ningún tipo de descuento.

De Norma López

La concejala Norma López (Comunidad) destacó en su participación la suba de tarifas sociales ante la desregulación experimentada en los últimos años, remarcó las decisiones que el gobierno nacional aplica actualmente en materia de tarifas y el impacto que eso genera en particular en la provincia de Santa Fe. Por último hizo hincapié en el endeudamiento registrado en los hogares rosarinos a raíz de la pérdida de poder adquisitivo, enfatizando que la razón puntual es que la ciudadanía deja de pagar impuestos y/o servicios porque se endeuda para poder comprar alimentos.

Adrián Ganino

El actual secretario Letrado de la Secretaría Especializada en Relaciones de Consumo del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Martín (Buenos Aires), tras el agradecimiento, planteó lo que está pasando en la actualidad en materia de servicios públicos y de endeudamiento. Indicó como primer item la situación actual al decreto N° 70/23, que significó que el Estado se corriera y puso como ejemplo cuando las empresas de medicina privada se pusieron de acuerdo y aumentaron un 40 por ciento sus cuotas.

Marcó que en el 2023 destinaba a pagar servicios públicos de entre 5 y 6 por ciento y ahora entre el 16 y el 20 por ciento. Resaltó el sobreendeudamiento y acotó que las billeteras virtuales aumentaron fuertemente su mora, pero también marcó que 7 millones están fuera del financiamiento tradicional, con lo que ello implica.

Precisó que desde el actual Estado piensan que no debe meterse entre privados, pero, estimó que sí debe hacerlo. También hizo referencia a la necesidad de gobiernos locales fuertes por la cercanía con los ciudadanos, por ejemplo a partir de la posibilidad a través de oficinas de defensa del consumidor de sancionar a prestadoras de servicios. Recordó las protestas de años atrás “por tarifas justas” frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reiteró que hoy se recurre al endeudamiento para cubrir gastos corrientes, y en tal sentido planteó la necesidad de la tarea colectiva, no individual. No descartó debates sobre subsidios pero enfatizó que el usuario no puede cubrir el 100 por ciento de una tarifa.

Sobre el desendeudamiento planeó la posibilidad de que los municipios intervengan a través de ordenanzas. A veces con un click accedemos a un crédito, pero no sabemos cuál es el costo total. Hizo énfasis en lo que respecta a la educación financiera e hizo referencia a que la gente cumpla con sus obligaciones pero en un marco de razonabilidad.

Aludió al hostigamiento a quienes no cumplen con el pago e insistió en que el trabajo y la salida no es individual, sino colectiva. Ante un Estado nacional que se corre necesitamos provincias y municipios que intervengan, y estos a partir de la autonomía lo pueden hacer. “Creo en el Estado presente, que equilibra”, precisó sobre el final de su exposición.

Silvana Teisa

La secretaria de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, Silvana Teissa, remarcó que a diario se reciben reclamos de usuarios de servicios públicos y por temas de endeudamiento para el consumo diario o para pagar el alquiler. Hizo referencia a las charlas informativas que se hacen desde la Oficina, por ejemplo, sobre las facturas de servicios públicos, alquileres o administraciones de consorcios.

Destacó los diversos servicios que ofrece la Oficina, en su sede de la peatonal Córdoba 852.

Otros expositores

El referente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Juan José Sisca, recordó que ya se perdieron 340.000 puestos de trabajo y planteó la necesidad de juntarse. Mencionó que cada pyme que cierra significa 10 puestos de trabajo que se pierden. Marcó la necesidad de una alternativa política.

Por su parte el ex presidente del Concejo Municipal, Emeterio Pastor, también destacó la necesidad de la unidad en la resistencia para que “la patria siga siendo independiente”.

En tanto el Defensor de los Derechos de las Personas Mayores, Luis Mario Fernández, resaltó la tarea que realizan respecto a los reclamos del sector ante la actual situación.

Principales ejes abordados

Entre los temas mencionados por los asistentes se destacaron el impacto de las políticas tarifarias y económicas del gobierno nacional en el cierre de pymes en el país, la pérdida de empleo registrado, la toma de créditos formales e informales y el impacto de las deudas generadas por falta de pago de alquileres y/o expensas, la suba de reclamos registrados en la oficina municipal del consumidor por la quita de subsidios y el sobreendeudamiento de las familias rosarinas.

Se planteó asimismo la necesidad del derecho a la información en cuanto a las aplicaciones financieras.

Participaron del encuentro el referente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Juan José Sisca; el presidente de la Asociación Vecinal «22 de Julio» y coordinador de la Casa del Vecinalista, Germán Gago; el ex presidente del Concejo Municipal de Rosario, Emeterio Pastor, la secretaria de la Oficina Municipal de Defensa de Derechos Ciudadanos, Consumidores yUsuarios y ex concejala, Silvana Teissa; e Defensor de los Derechos de las Personas Mayores, Luis Mario Fernández; el concejal de Villa Gobernador Gálvez, Eduardo Bulsicco; el tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, representantes de centros de jubilados, de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, de la Defensoría del Pueblo, el Observatorio de Personas Mayores, asociaciones civiles, vecinales y ciudadanía en general.