EL CONCEJO EXPRESÓ SU REPUDIO A LA QUITA DE PENSIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO
Dirección General de Prensa
Rosario, 15 de junio de 2017.
LA SESIÓN DE HOY

(EXPEDIENTES APROBADO SOBRE TABLAS, POR UNANIMIDAD, CON LA ABSTENCIÓN DEL BLOQUE PRO)

Los Concejales León, Toniolli, López, Magnani, Gimenez Belegni, Ghirardi, Irizar, Estevez, Lepratti y Nin han presentado el siguiente proyecto de Declaración, el cual expresa:

“Visto: Que a partir de este mes, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió aplicar un decreto sancionado en el año 1997 que establece la necesidad de reunir más requisitos y condiciones a quienes buscan acceder a una pensión por discapacidad, y

Considerando: Que las pensiones no contributivas fueron pensadas desde su origen para cubrir las
contingencias sociales (de origen biológico, patológico o económico-social) de las personas que no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar.

Que así entonces, desde su creación la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de 7 o más hijos, en carácter de derecho para aquellas personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad social, sin amparo previsional o no contributivo, que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos -o que, teniéndolos se encuentren impedidos para poder hacerlo-.

Que bajo estos argumentos, el Ejecutivo Nacional quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluso si es la mínima. También sufrieron la baja de sus pensiones las personas con discapacidad en aquellos casos que cuentan con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un salario formal de 21 mil pesos o más.

Que en rigor, el Ministerio de Desarrollo Social reflotó el Decreto 432 que se dictaminó en el año 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’. La decisión se fundamentaría en lo referente con el pedido del Ejecutivo Nacional de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal.

Que se han registrado en la primera parte del año 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones
unilaterales y sin derecho a defensa. Se observa que a la fecha representan más de 83.000 casos.
Concretamente, entre enero y los primeros días de junio 2017 se produjeron 5.713 bajas en pensiones hacia las madres de 7 hijos que se suman a 5.714 suspensiones del mismo rubro. Asimismo, hubo 19.215 bajas en pensiones por invalidez que se agregan a las 52.491 suspensiones del mismo tipo. En total, son 83.133 casos entre bajas y suspensiones.

Que la mecánica de implementación de estas bajas fue sin aviso. Los titulares se encuentran que no pueden cobrar su pensión cuando se dirigen a un cajero o en la ventanilla del banco. En efecto, no hay previo aviso, ni pedidos precedentes para aclarar la situación patrimonial.

Que respecto a las causas, podemos mencionar: Patrimonio: en su mayoría se trata de titulares de Automóviles (titulares con discapacidad y con CUD en su totalidad). Cónyuge con beneficio: son titulares de derecho cuyo cónyuge ha recibido algún beneficio previsional.
Ingresos propios (registro en sistema de aportes): titulares que muestran tener ingresos por empleo.
No acredita incapacidad reglamentaria en Anses: son casos en donde se registra un cruce con Auditoria Médica en ANSES. El beneficiario no alcanza el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio previsional (76%), por lo que no lo recibe. Pero además, por la realización del trámite, le quitan el beneficio por invalidez preexistente.

Que las leyes por la cuales se otorgan las pensiones no han cambiado, ha cambiado el paradigma con que se establece los criterios. Se ha dejado de hablar de una invalidez que incapacita y de un sujeto que por diversas circunstancias económicas sociales ha quedado fuera del mercado laboral sin tener una discapacidad.

Que no sólo las modificaciones en la política de pensiones no contributivas apuntan a una reducción de las mismas, sino que además se observan alteraciones en los criterios de otorgamiento y crecientes demoras en los trámites internos de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

Que para el otorgamiento de la pensión por invalidez se está por implementar con carácter obligatorio el CUD (Certificado Único de Discapacidad). Esto dejaría sin valor el concepto por el cual se rigen estas pensiones (Ley Nº 18.910) que es la de invalidez laborativa. Para el trámite se deberá obtener el CUD a través de las juntas evaluadoras quienes carecen de criterios sociales.

Que las Juntas evaluadoras de discapacidad tienen un flujo natural que hoy – en algunos distritos – planifica turnos de un año a otro, lo cual da cuenta de la imposibilidad de resolver el otorgamiento de una pensión por invalidez con la premura necesaria.

Que los plazos para el otorgamiento y el alta de las pensiones han cambiado. Hasta el año 2015 las altas fluctuaban entre los 8 y 10 meses, mientras que hoy ese plazo se ha extendido a casi 2 años.

Que es un grave error está situación, puesto a que se invocan una resolución que establece una ayuda
asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde el año 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”.

Por lo expuesto, se eleva para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de:

D E C L A R A C I Ó N

El Concejo Municipal de Rosario expresa su enérgico repudio a la medida de público conocimiento adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en claro perjuicio de garantías constitucionales y derechos obtenidos por parte de un colectivo vulnerable como lo es el de las personas con discapacidad; y en adhesión al reclamo de diversas organizaciones que trabajan en pos de los derechos de las personas con discapacidad de nuestra ciudad. Asimismo instamos al Gobierno Nacional para que revea la decisión tomada en función de que las pensiones por discapacidad garantizan derechos indiscutibles de este colectivo vulnerable y en consecuencia proceda a dar su alta de manera inmediata y automática.
Comuníquese con sus considerandos.