Lejos de constituir una herramienta de protección del derecho a la educación, esta iniciativa representa un grave retroceso en términos democráticos y de libertades públicas. Se trata de una norma que, con un ropaje neutral y pedagógico, busca restringir el ejercicio del derecho a la protesta, el reclamo gremial y la libre expresión de la disconformidad social.
Un falso dilema: “educación o protesta”
El proyecto construye una dicotomía artificial entre el derecho a educarse y el derecho a manifestarse. Pretende encerrar a la comunidad educativa en un perímetro “protegido”, mientras se desentiende del deterioro de los edificios escolares, de las condiciones laborales de los docentes, y del escaso compromiso presupuestario del Estado en garantizar una educación pública de calidad.
Callar el conflicto no lo resuelve. Silenciar el reclamo es apenas una forma de perpetuar las causas que lo motivan.
En un Estado de Derecho, el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la participación gremial no son meros permisos administrativos, sino garantías constitucionales.
Llamamos a los legisladores provinciales a rechazar este proyecto: el Estado debe escuchar y responder con políticas, no con sanciones.
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