La Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, presidida por Nicolás Piloni (HUxC) comenzó a debatir cinco proyectos que proponen modificaciones a diferentes ordenanzas para controlar los antecedentes penales de empleados municipales y evitar así situaciones como la ocurrida con Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, que se desempeñaba en el municipio pese a tener causas penales recientes.
Los ediles repasaron cada una de las iniciativas, que en conjunto quedaron en estudio, con la previsión de convocar para una próxima reunión a funcionarios del Departamento Ejecutivo y a dirigentes del gremio municipal Suoem.
El proyecto que envió el intendente Daniel Passerini incorpora como nuevo elemento en la ordenanza N°7244 Estatuto del Personal Municipal, la obligatoriedad de presentación periódica de certificados de carácter oficial que acrediten la buena conducta del personal municipal.
Se trata de documentación oficial, como los certificados provincial y nacional de antecedentes penales, sin causas ni condenas pendientes; el Certificado de No Inscripción en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual; y el Certificado de No Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Además, los empleados deberán aportar también certificado negativo expedido por institución médica, que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
Otras dos iniciativas corresponden al concejal Diego Casado (HUxC) y datan del año 2020. Una propone que se controle la autenticidad y legalidad de los documentos presentados por empleados para ingresar a la administración o bien para acreditar nivel de estudios, y determinar si hubo expedientes fraguados.
El otro, revisa causales de cesantía o suspensión por mal comportamiento, en este último caso llevando de 30 a 90 días el plazo de posibles suspensiones.
La concejala Elisa Caffaratti pidió, antes de avanzar en un despacho, tener un diagnóstico preciso por parte del Ejecutivo sobre cómo está funcionando el sistema actual de control, que no detectó que el mencionado Barrelier no asistió a su trabajo 20 días porque estaba detenido.
Y Graciela Villata (Frente Cívico) pidió incluir en la reforma que salga a todo tipo de empleados: no solo los de planta permanente, contratados y transitorios, sino también a monotributistas y becarios.
También defendió un proyecto propio Sergio Piguillem (UCR), quien propone que la carga burocrática de aportar los antecedentes no la tenga el propio empleado, sino que se habilite un sistema municipal de actualización permanente de esos datos, cruzando información con la Policía y el Poder Judicial, y respetando siempre la confidencialidad de la información.
Por su parte, Soher El Sukaría (PRO) planteó modificar el Código de Ética y no el Estatuto del Empleado, para que los controles alcancen a todo tipo de empleados y trabajadores que ingresan al municipio.
Por último aportó su mirada el Dr. Pablo Sánchez Latorre, director de Política Judicial de la Provincia, quien expuso que existe una doble registración de antecedentes, a nivel nacional y en la provincia, y que hay que ir hacia la unificación de esas bases de datos.
“Lo estamos haciendo. No es una migración de datos, sino cotejar y transferir. Esos registros son potestad de la Nación. Es el empleado el que tiene que aportar sus propios datos y antecedentes, pero el problema acá es la velocidad y la burocracia del Estado para procesarlos”, graficó.
En otro orden, la Comisión unificó y aprobó por unanimidad dos proyectos de resolución que expresan repudio por la conducta atribuida al ahora ex concejal Ricardo Moreno, por ser incompatible con los principios de ética pública, transparencia, responsabilidad institucional e idoneidad. Moreno recomendó a Barrelier para su ingreso al municipio y luego lo defendió en una causa penal.
En cambio, se archivaron otras dos iniciativas sobre el mismo tema, que impulsaban la expulsión de Moreno del cuerpo por decisión de los propios ediles y habilitar una cuestión de privilegio para investigar su conducta y vínculos con la Municipalidad, a la cual dijo haber ingresado unos 500 empleados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario