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| Se lo propicia para responsables de construcciones que violen la normativa y con ello obtengan un beneficio económico./ Anticipan envío de propuesta sobre la ordenanza Nº 7.218. |
Se reunió este mediodía, martes 28 de mayo, en la Sala de la Memoria del Anexo “Alfredo Palacios” la comisión de Gobierno, presidida por su titular, Julia Eva Irigoitia, del bloque Justicialista.
Entre otros temas el edil Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, explicó el proyecto que propicia modificar el artículo 31 del Código de Convivencia, con relación a la suspensión temporal de la firma para realizar trámites ante la administración municipal y propone agregar el artículo 272 Bis que plantea: “Cuando la falta implique aumento de superficie y/o altura antirreglamentaria y que redunde a su vez en un beneficio económico para el profesional, fideicomiso, desarrollador y/o empresa constructora, el profesional interviniente será sancionado con la suspensión de su firma por el término de 3 a 10 años y caso de reincidencia, de 6 a 10 años”. Al fundamentar la iniciativa el concejal Blanco recordó que en la comisión de Planeamiento “hay un tema recurrente, desarrolladores que hacen un piso de más y los mandan al Concejo, pero no viene el profesionales, vienen los compradores de buena fe”, que necesitan la excepción para escriturar. Recordó que en su momento se aprobó una iniciativa de su autoría que modificó lo relativo a las inspecciones que en las obras en construcción deben hacerse desde el Ejecutivo y que “en lugar de podrá dice deberá” y especifica dos momentos, “a la tercera planta, que se supone ya no haya más cocheras y en la última losa, para ver que no va a construir de más”. Aludió al caso concreto de Balcarce al 100, obra del arquitecto Luis Luciani, donde concurrieron los “damnificados” y aclaró que “encomillaba la palabra dado que algunos podrían estar desde un primer momento y al preguntarles si luego de 10 años habían iniciado acción legal, nos dijeron que no”. Dijo que a partir de una acción legal, “aunque sea insolvente” contra quien accionen, “tenemos alguna verosimilitud para aprobar la excepción”. Y a partir de ello surge el proyecto de ampliar las sanciones de inhibición de la firma al profesional responsable, “cuando se verifique que representa un beneficio. Si construiste un piso de más hay beneficio”. La edila Nadia Amalevi, de Arriba Rosario, consultó “si es parte de un estudio lo firma un solo arquitecto o soy solidariamente responsable”. Aseveró el concejal Blanco, que es exclusivamente para el arquitecto responsable de la obra. La concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura, indicó que “acompañamos el espíritu” de la normativa propuesta, pero advirtió que al estar en la parte general del Código, “no estamos hablando de sanción sólo al profesional de la construcción sino a todo otro profesional”. Propuso retirarlo de esa parte del Código. Asimismo consideró que las sanciones deberían ser también para el fideicomiso y las empresas. Indicó el edil Blanco que “el responsable de lo que ocurre en la obra es el profesional” para agregar que “no encuentro la manera de vincular en forma directa a la empresa”. De igual modo agregó “el 99 por ciento de los profesionales trabaja bien, son 3, 4 ó 5 casos en el año, contra 3.000 permisos que se otorgan”. El concejal Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario, recordó que por ésta temática en 15 días se realizará una reunión del Consejo Asesor de la Secretaría de Planeamiento para considerarlo, encuentro del que participarán la totalidad de quienes conforman la comisión de Planeamiento. Hizo posteriormente un paralelismo con el Código Penal y sostuvo que “no hay traslado de responsabilidad” y planteó considerar otras alternativas para no agregar un artículo al Código de Convivencia, votado hace relativamente poco tiempo. También preguntó “cómo acreditamos un beneficio económico. Se complejiza la tarea del Tribunal de Faltas, no tiene cómo hacerlo. A la larga, no va a terminar siendo efectivo”. Sobre la ordenanza Nº 7.218 El concejal Fiatti anticipó posteriormente el inminente envío al cuerpo, de la “devolución del Departamento Ejecutivo” sobre el borrador enviado sobre la modificación de la ordenanza Nº 7.218, conocida como de espectáculos públicos o nocturnidad. Indicó que toma “los principales acuerdos a fines del 2018, 2019 y en las audiencias que se hicieron en la comisión”, con distintos actores. Precisó que contiene la “eliminación de rubros, tampoco los que habían quedado,” y plantea “licencias, por difusión musical –que conlleva la insonorización-, gastronomía –vinculado a la normativa sobre bares y restaurantes-, locales de más y de menos de 300 metros cuadrados y consentimiento de linderos –residenciales y colindantes-“. Sobre el registro de oposición se establece a 50 metros lineales del establecimiento, también respecto al sistema de mayorías en el caso de propiedad horizontal, y dijo que “se busca el equilibrio entre actividad comercial y el derecho de los vecinos”. Hizo de igual modo referencia al sistema de mediación que se plantea. En relación a la insonorización se establecen distintos puntos para la medición de ruido, “el espacio público, el interior del local y el del denunciante”. La concejala Irigoitia, sostuvo que “es una buena noticia desde ya” y recordó que “nos habíamos fijado un plazo”, para mencionar también que fueron varias las iniciativas presentadas, entre las que recordó las de Ciudad Futura, la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck; el edil Lisandro Cavatorta, una de su autoría y la de la ex concejala Daniela León. Otros temas Recibió despacho un pedido realizado por feriantes para efectuar del lunes 10 al viernes 14 de junio próximo en la plaza Pringles, Córdoba entre Paraguay y Presidente Roca, la Feria Solidaria del Día del Padre 2024, entre las 10 y las 19, tal como lo establece la ordenanza Nº 9.565. Al considerarse el tema el concejal Blanco pidió conocer la nómina de feriantes que expondrán en esta ocasión. La concejala Amalevi mencionó que “son de las ferias que dependen de Economía Social”, mientras que la edila Tepp, recordó la existencia de la normativa que las regula. A su turno el edil Fiatti, indicó que realizaría gestiones para obtener el listado. En otro orden el concejal Fiatti explicó el proyecto que presentó junto a su par de bancada de Arriba Rosario, Mariano Roca, que encomienda a la Oficina Municipal del Consumidor que implemente acciones en materia de ciberseguridad y respecto al riesgo en el uso de billeteras virtuales. Mencionó que la intención es “darle más impulso, estructurar mejor la línea de trabajo” con dicha área que depende del Concejo Municipal. En tanto la concejala Irigoitia mencionó que ya conversó el autor de la propuesta con la Oficina del Consumidor “para ver lo que se hacía y qué se podía reforzar”. Recibió por su parte proveído favorable, y retorno a la comisión de origen, Presupuesto y Hacienda, una iniciativa del edil Roca, que modifica la normativa respecto a exención de la tasa general de inmuebles en “casos sociales”. Se acordó, en tanto, que el jueves de la semana próxima, 6 de junio, a las 9, se reunirá la comisión Especial de Nomenclatura. Por su parte el próximo martes los ediles recibirán en audiencia a ex soldados de la Compañía de Policía Militar 121. Asistentes Concurrieron a la reunión de la comisión de Gobierno, su presidenta, Julia Eva Irigoitia, del bloque Justicialista; Nadia Amalevi y Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario; Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio; Caren Tepp, de Ciudad Futura, y Federico Lifschitz, de la bancada Socialista. http://www.concejorosario.gov.ar/analizaron-en-gobierno-proyecto-para-ampliar-sanciones/ |
