A poco de cumplirse tres años de la Desaparición Forzada de Gerardo “Pichón” Escobar, la familia junto con organizaciones sociales harán una intervención frente a Fiscalía Federal (Entre Ríos 738) este miércoles 6 de junio a partir de las 9,30 hs.
Con la consigna “que la justicia no lo vuelva a desaparecer” expondrán lo que le ocurrió a Gerardo el día de su desaparición y muerte y los diferentes obstáculos en la justicia tanto Provincial como Federal.
Desde la familia quieren hacer pública la gran preocupación por el oscuro letargo en el que se encuentra inmersa la investigación del hecho, que las incontables reuniones sostenidas con los Fiscales Federales de turno a cargo de la instrucción no lograron revertir.
Resultan intolerables las demoras injustificadas y negativas tacitas de producción de algunas medidas investigativas relevantes y útiles a esta altura de los acontecimientos y considerando que el transcurso del tiempo conspira terriblemente contra el descubrimiento de la verdad, afecta la memoria de los testigos si no se registra su testimonio, deteriora la calidad de las muestras orgánicas que esperan pericias, y todo se torna en definitiva más injusto.
Luciana Escobar: 341-2747317
Equipo Jurídico
Guillermo Campana: 341- 5193003 Salvador Vera: 341-6936442 Nicolás Vallet 341-3641983
COMUNICADO DE PRENSA SOBRE EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA DE GERARDO “PICHÓN” ESCOBAR
A poco de cumplirse tres años de la Desaparición Forzada de Gerardo “Pichón” Escobar, desde la familia queremos hacer pública nuestra gran preocupación por el oscuro letargo en el que se encuentra inmersa la investigación del hecho, que las incontables reuniones sostenidas con los Fiscales Federales de turno a cargo de la instrucción no lograron revertir.
A las dificultades propias que conlleva la investigación de un delito complejo como lo es la Desaparición Forzada de Persona, la familia debió afrontar las adversidades anexadas por parte de la intervención del Ministerio Público de la Acusación, tanto en primer término a través del Fiscal Apanowicz, como luego a través de los Fiscales Coria y Fabbro, quienes no solo se negaron a caratular el caso como Desaparición Forzada de Persona, sino que además realizaron todas las diligencias investigativas mediante la Policial Provincial, aún teniendo acreditado desde el inicio la participación de personal de esa fuerza en el hecho.
Lo antes descripto generó un proceso de pérdida y manipulación de evidencias relevantes para los destinos de la investigación. Por ejemplo, la fiscalía provincial no secuestró los discos rígidos de las cámaras de video vigilancia privadas ubicadas en la calle Sarmiento entre Tucumán y Catamarca, las que registraron los últimos momentos de libertad de Escobar, antes de ser secuestrado y desaparecido, tras la persecución emprendida por el agente AMISELLI, quien se encontraba de licencia y, sin embargo, cumplía funciones de vigilancia en el bar “La Tienda”. Los Fiscales solamente ordenaron a la fuerza policial implicada la extracción de copia del registro fílmico, el cual fue manipulado y se corta abruptamente a la hora del hecho, y no produjeron pericia informática sobre el dispositivo.
Estas deficientes actuaciones y la negativa a reconocer el hecho como Desaparición Forzada de Persona colocaron en grave riesgo la posibilidad de avance de la investigación, condena de los responsables, justicia y reparación para la familia.
Un nuevo capítulo del contexto hostil, de negación de la DFP y de la responsabilidad Estatal por la participación policial se escribió durante el reconocimiento de objetos en el cuerpo y la autopsia del Instituto Médico Legal de Rosario. Fue allí que el médico policial Feliz Rodríguez informó que la víctima no poseía rastros de lesiones internas ni externas, lo cual era falaz a simple vista, contrastándolo con la fotografía del cuerpo o con la filmación de la autopsia, siendo luego desvirtuado por diferentes informes forenses de parte y otros estudios anatomopatológicos. Así, al médico forense de parte le llamó la atención la nariz destrozada de Escobar -nariz de boxeador-, la cual por otra parte fue ilegalmente “maquillada” para el reconocimiento del cuerpo por parte de Luciana y su prima. También fue sugestivo cómo el forense oficial no constató la hemorragia en la zona frontal del cerebro, o la gran inflamación de la zona genital de Escobar.
Se suma al listado de irregularidades la violación a los protocolos más elementales de cadena de custodia de la evidencia, configurada antes de iniciarse el proceso de relevamiento de objetos del cuerpo de Escobar, cuando se advirtió que el agente policial JAVIER SOSA poseía en sus manos -sin ningún recaudo- el teléfono celular de la víctima (el que había dado ubicación en el domicilio de VIVAS durante el tiempo de desaparición y recibió llamadas durante los días posteriores). Es tan grave esta situación que ha puesto en riesgo la suerte de la investigación, ya que surge a posteriori -ya en el marco de la investigación Federal-, que el móvil no reporta datos en los últimos cuatro meses, es decir, fue borrada, o se perdió en algún momento esa información de geoposicionamiento del teléfono de Escobar desde el mes de mayo hasta el momento de su aparición sin vida.
Estando ya radicada la investigación en el fuero Federal los obstáculos continuaron, y esta vez provinieron del propio Juzgado interviniente, puesto que el Juez Bailaque decretó arbitrariamente el sobreseimiento y liberación de los cinco imputados, decisión que ha sido imposible de revertir hasta la actualidad, aun habiendo evidencia de cargo fuerte en relación a VIVAS, quien fue filmado en el primer momento del ataque, persecución y posteriormente fue situado tres veces en el lugar donde fue arrojado sin vida Escobar, con la participación policial del grupo de seguridad.
Son intolerables las demoras injustificadas y negativas tacitas de producción de algunas medidas investigativas relevantes y útiles a esta altura de los acontecimientos y considerando que el transcurso del tiempo conspira terriblemente contra el descubrimiento de la verdad, afecta la memoria de los testigos si no se registra su testimonio, deteriora la calidad de las muestras orgánicas que esperan pericias, y todo se torna en definitiva más injusto.
La familia ofendida por este hecho atroz y gravísimo del que fue víctima un trabajador municipal de Rosario a manos de un grupo de seguridad cívico-policial que produjo una Desaparición Forzada de Persona intolerable y repudiable, reclamamos una investigación comprometida con el descubrimiento de la VERDAD, merecemos una investigación PRONTA Y EFECTIVA, que pueda DETEREMINAR RESPONSABLES Y CASTIGARLOS adecuadamente. Pues de lo contrario y mientras el estado de situación actual no cambie, estamos ante una situación de IMPUNIDAD, la que no dudamos, obedece a las numerosas y gravísimas irregularidades de la investigación producida en sede Provincial que determinaron la pérdida de evidencia importantísima, en un marco de NEGACION de la calidad de victima a Luciana, hostigamientos y persecución a la familia y sus abogados mientras se producían las medidas investigativas determinantes.
Sabiendo que la Justicia Provincial y el Gobierno de la Provincia es responsable Internacionalmente de la perdida de evidencia y de la eventual impunidad en el caso, reclamamos a la fiscalía Federal N° 3 de Rosario, el avance inmediato de la investigación, la producción de todas las medidas de prueba solicitadas para descubrir la verdad de lo sucedido en un tiempo razonable y que permita el adecuado castigo de los responsables, para dar paz a la familia que busca JUSTICIA POR PICHON.
