Más de 90 países en el mundo cuentan con leyes de Acceso a la Información Pública. Argentina, junto con Venezuela, Bolivia, Cuba y Costa Rica son los países en Latinoamérica que NO tienen una ley nacional que garantice pedir información pública y el Estado responda.
En Argentina, a nivel nacional, sólo se avanzó con decretos que alcanzan al Poder Ejecutivo pero persisten limitaciones para garantizar que obtengamos información sobre la gestión de los recursos públicos, la transparencia del gobierno y la lucha de la corrupción.
En países que tienen ley de acceso a la información pública los ciudadanos pueden preguntarle al Estado lo que necesiten saber. En Chile, un alumno preguntó acerca de la promesa incumplida de pintar su escuela. El gobierno municipal tuvo que responder sobre el retraso. En México, un periodista preguntó cuánto gastaba la primera dama en arreglos florales por mes. El gobierno respondió y luego de publicado el gasto tuvo que ser reducirlo.
Cuando un país cuenta con una ley de acceso a la información obliga a la administración pública a responder. De esta manera, los ciudadanos pueden vincularse con las cuestiones públicas y colaborar en mejorar su calidad de vida.
En Argentina persiste una cultura del secreto y la arbitrariedad sobre la información de los actos públicos, por lo tanto, es habitual que, cuando los ciudadanos queremos tener algún tipo de información, no nos responden o nos la niegan. Por eso necesitamos una ley de acceso a la información nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el acceso a la información pública es un derecho humano. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya requirió en dos fallos que el Congreso sancione una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, aún no contamos con esta ley. Hasta el día de hoy, los argentinos nos encontramos sometidos a la conveniencia política para poder saber sobre los asuntos públicos.
22 Diputados y 5 Senadores han manifestado su apoyo a todas las iniciativas que aseguren mayor transparencia en la gestión de las instituciones y, en particular, se han comprometido a sancionar una ley de acceso a la información pública. La aprobación de esta ley es una oportunidad histórica para garantizar a la sociedad argentina más transparencia y un mejor sistema democrático.
