Se trata de un desarrollo que originalmente preveía un porcentaje de las viviendas para trabajadores del gremio y ahora parecería que no.
El diputado Carlos del Frade junto a su bloque en la legislatura santafesina presentaron un pedido de informe en donde solicitan a los organismos correspondientes se expidan sobre la irregular situación que se genera en un terreno que el Gobierno cedió al sindicato de Obras Sanitarias.
El proyecto que firma el diputado provincial, manifiesta que la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe por qué razón, fundamento o nuevo contrato el terreno de 14,5 hectáreas cedidas en su momento al Sindicato de Obras Sanitarias de la ciudad de Rosario en el ingreso a Granadero Baigorria sobre la ruta nacional número 11, también en el departamento Rosario, destinado a la construcción de 2.600 viviendas y que preveía que un porcentaje de las mismas estuvieran destinadas a las familias afiliadas de la organización gremial, ahora aparece como un proyecto inmobiliario ajeno al sindicato y solamente presentado como un desarrollo de la empresa Pecam Desarrollos y sin haber garantizado ninguna casa para las familias trabajadoras tal como se pensó en su origen.
En diálogo con Versión Rosario, Carlos Del Frade explicó que el proyecto que desde la administración del ex Gobernador Bonfatti en su momento se habían cedido dichas tierras al sindicato de Obras Sanitarias “que en aquel momento iban a ser 2600 viviendas, después que por lo menos el 10 por ciento iban a terminar siendo para las familias de las personas afiliadas al sindicato”.
En tal sentido, Del Frade manifestó que “extrañamente aparece ahora en la información periodística que la constructora Pecam aparece desarrollando un proyecto inmobiliario para sectores medios sin que se hable ya de la propiedad de las familias de los afiliados al sindicato de Obras Sanitarias lo cual nos llena de preocupación”.
Finalmente el legislador aseguró que espera respuestas oficiales para que se expidan y expliquen como pasó que “tierras públicas destinadas a la construcción de viviendas para gente trabajadora, ahora solamente forman parte de un proyecto inmobiliario privado sobre tierras públicas”.
